De otra parte, aclaró que las causas por las que más se demanda a la Entidad tienen que ver con el no reconocimiento al incremento de la pensión, la ilegalidad del acto administrativo que no reconoce el derecho a la pensión por vejez y el incumplimiento de la sentencia o acuerdo conciliatorio.

De acuerdo con lo anterior, dijo que la agencia considera imperante desarrollar un plan que contemple fortalecer la conciliación y buscar salidas eficaces para solucionar la crisis.

Asimismo, informó que la alianza entre contempla un plan piloto que incluirá en un principio una parte significativa de las demandas por reliquidación pensional en la jurisdicción contencioso administrativa que corresponden a beneficiarios del régimen de transición.

Sostuvo que dicho régimen aplicable es la Ley 33 de 1985, y manifestó que el objetivo es implementarlo luego en el marco de la jurisdicción ordinaria laboral que es donde se concentran el mayor número de procesos judiciales contra Colpensiones.

Tomado de: www.laopinion.com.co

Según el informe, actualmente hay 46.615 procesos de vallecaucanos en contra del Gobierno central, de los cuales la mayoría (43.731) son de Cali. Esta ciudad representa el 12 % de los casos en el país, con pretensiones que ascienden a $14,6 billones.

Las entidades públicas con mayor cantidad de demandas en el Valle del Cauca son el Instituto del Seguro Social, Colpensiones, la Fiscalía General de la Nación y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Esto concuerda con que las causas más recurrentes de demandas, de acuerdo con las cifras, tienen que ver con el trámite de la pensión. Actualmente hay más de 30.000 casos en el Valle relacionados con esta causa.

“Cali es la tercera ciudad con más demandas en materia laboral y de pensiones. Esto se da porque tenemos muchos problemas con la cantidad de normatividad que ha salido, lo que ha hecho que los jueces diverjan sobre la forma de reconocer estos derechos”, precisó la directora de Gestión de Información de la Andje, Mariana Martínez.

El abogado especialista en derecho administrativo, Gilberto Gómez, señaló que “en muchos casos, la gente demanda porque no le liquidan bien la pensión. A la hora de hacer el cruce, no les incorporan algunas actividades salariales o primas extralegales, o se ven afectados porque pertenecen al régimen de transición (a raíz del cambio de la ley de pensiones)”.

De otro lado, los organismos con mayores pretensiones económicas en contra, en el departamento, son los ministerios de Hacienda y de Minas.

Según la Directora de Gestión de Información de la Andje, esto se debe a que “hay muchas personas que demandan al Estado cuando son víctimas de una empresa de captación ilegal de dinero, es decir, de pirámides”.

El abogado Gómez explica que “con el ‘boom’ de empresas como DMG la gente, en su ambición, busca sacar provecho al Estado, que no tiene ninguna responsabilidad en ese tema”.

También hay un número importante de demandas contra actores de la Fuerza Pública, por asuntos como daños con arma de dotación oficial o con vehículos oficiales y privación injusta de la libertad. De este último tipo hay 1314 casos en curso en el Valle. Otros 180 procesos se han abierto por muerte con arma de uso oficial.

El abogado Elmer Montaña afirma que esto refleja los abusos por parte de la rama judicial a la hora de dictar medida de aseguramiento, sin que haya requisitos suficientes.

“Con el nuevo sistema penal acusatorio se suponía que esto debía cambiar, pero no fue así”, dijo. Añadió que a pesar de que se ha brindado capacitación, siguen siendo recurrentes los excesos de la Policía y el Ejército en el uso de la fuerza, causando lesiones y a veces la muerte.

Demandas a la Alcaldía de Cali:

El Municipio tiene actualmente cerca de 3350 demandas en su contra.

Javier Pachón, jefe Jurídico de la Alcaldía, señala que “cada vez hay más y más abogados. Muchos salen de la universidad, en medio de la sobreoferta que hay, a buscar qué proceso pueden abrirle al Estado”.

Otros abogados, dijo, se dedican a generar especulación en la gente, diciendo que estas demandas son cuantiosas.

Tomado de: www.elpais.com.co

A través de una medida cautelar, el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, del Consejo de Estado, revivió el régimen privilegiado de pensiones que tienen algunos exfuncionarios de la Rama Judicial y exprocuradores y que les permite pensionarse con el mejor salario del último año, sin exceder el tope de 25 salarios mínimos.

Desde julio del año pasado, en aplicación del histórico fallo de la Corte Constitucional que les puso techo a las llamadas ‘megapensiones’ a costa del Estado, Colpensiones empezó a aplicarles a esos funcionarios las mismas reglas de cotización y monto de la pensión que tienen el resto de los colombianos. Esto es, un porcentaje (entre el 65 y el 90 por ciento) del promedio de salario de los últimos 10 años.

En el trámite de una de las demandas contra los efectos del fallo de la Corte, Vergara concedió una medida cautelar que suspende un aparte de la Circular 4 de Colpensiones emitida el año pasado, pues consideró que la entidad, que reemplazó al antiguo ISS, extendió los efectos de la sentencia a jubilados diferentes a los del Congreso.

“Lo anterior puede configurar la vulneración de los derechos fundamentales de personas sujetas de protección especial constitucional, como es el mínimo vital de las personas de la tercera edad”, dice el auto del Consejo de Estado. El demandante es el abogado Mauricio Eljach Galofre. El efecto de la decisión es que mientras se decide de fondo la demanda, los funcionarios de la Rama Judicial y la Procuraduría vuelven a gozar de los privilegios que estableció el Decreto 546 de 1971. La medida cautelar no afecta el techo de 25 salarios mínimos que, por orden de la Corte Constitucional, rige para todas las pensiones a cargo del Estado colombiano.

Cascada de demandas

La Corte Constitucional está a punto de volver a pronunciarse sobre el tema de las megapensiones, en la revisión de varias tutelas interpuestas por los sectores tocados por su sentencia, que eliminó el privilegiado régimen del que disfrutaron por años excongresistas y exmagistrados.

Una tutela fallada en marzo pasado por la Sala Laboral de la Corte Suprema abrió un boquete contra el ajuste, al señalar que la imposición del mismo no podía ser, como dijo la Constitucional, automático y que contra él procedían recursos y demandas.

En la sentencia C-258 del 2013, la Corte Constitucional señaló que ninguna pensión a cargo del Estado podía estar por encima de los 25 salarios mínimos (15,4 millones de pesos) y decidió además que esto aplicaba de manera retroactiva. El reajuste empezó a regir el 1 de julio pasado.

Aunque el pronunciamiento se hizo sobre varias normas que les daban gabelas a los congresistas, la decisión se extiende a los “los demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable”. Esto, porque a través de demandas y tutelas decenas de exmagistrados y exaltos funcionarios lograron que les reconocieran pensiones tomando como base el privilegiado régimen del Congreso.

La Corte ordenó también revisar todas las megajubilaciones y demandar las que habían sido concedidas de manera irregular o con abuso del derecho. Por esa vía están hoy demandadas centenares de liquidaciones.

El Fondo de Pensiones del Congreso demandó a 105 exparlamentarios ante el Contencioso Administrativo por aparentes irregularidades, pues no tenían derecho al privilegiado régimen con el que fueron liquidadas sus mesadas.
Colpensiones detectó que, como pasó en en el Congreso, a punta de demandas muchos exfuncionarios lograron un régimen de retiro al que no tenían derecho.

Por su lado, la Unidad de Gestión Pensional, que tiene casi 300 de esos pensionados, prepara 80 demandas para tumbar ‘megajubilaciones’ dudosas, entre ellas varias del escándalo del ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura.

Tomado de: www.eltiempo.com